El periodista Salvador Sánchez engrosó la semana pasada la lista de víctimas de la violencia en El Salvador. Con una de las tasas de homicidios más grandes de países sin conflicto armado en el mundo, el país enfrenta todos los días un baño de sangre que las autoridades no han podido frenar.
En cambio, han tratado de minimizar el principal problema nacional con declaraciones que pretenden señalar como un éxito leves disminuciones mensuales y, peor aún, responsabilizando a las pandillas de todos los casos que no tienen un victimario evidente.
La muerte de Sánchez fue atajada por la policía con la misma hipótesis: poco después del homicidio, y cuando apenas se abría el proceso de investigación la PNC declaró que se trató de un asunto de pandillas, como hizo, el día anterior, con siete de los nueve homicidios que registró la prensa diaria.
Como medio de comunicación, nos es muy difícil aceptar esa hipótesis sin que la policía lleve antes a cabo las diligencias a las que está obligada. Ni en este ni en ningún otro caso.
Con el asesinato de Sánchez en particular, dada su experiencia de acompañamiento a movimientos sociales y a su trabajo para estaciones de radio críticas a la gestión gubernamental, la simplicidad de las declaraciones policiales alimenta los temores y las tensiones de aquellos que, también sin pruebas, están viendo un crimen político donde aún nadie sabe qué hay.
Un homicidio alcanza la categoría de mayor gravedad criminal, y la policía, y la fiscalía, están obligadas a investigar a fondo cada uno de estos delitos. La negligencia no se resuelve con recetas de relaciones públicas, sino con un arduo trabajo de investigación.
Exigimos a las autoridades investigar a fondo este y todos los homicidios cometidos en el país, y esperamos que a este llamado se unan también gremiales de medios de comunicación que, sorprendentemente, han guardado silencio ante este vil asesinato.
En cambio, han tratado de minimizar el principal problema nacional con declaraciones que pretenden señalar como un éxito leves disminuciones mensuales y, peor aún, responsabilizando a las pandillas de todos los casos que no tienen un victimario evidente.
La muerte de Sánchez fue atajada por la policía con la misma hipótesis: poco después del homicidio, y cuando apenas se abría el proceso de investigación la PNC declaró que se trató de un asunto de pandillas, como hizo, el día anterior, con siete de los nueve homicidios que registró la prensa diaria.
Como medio de comunicación, nos es muy difícil aceptar esa hipótesis sin que la policía lleve antes a cabo las diligencias a las que está obligada. Ni en este ni en ningún otro caso.
Con el asesinato de Sánchez en particular, dada su experiencia de acompañamiento a movimientos sociales y a su trabajo para estaciones de radio críticas a la gestión gubernamental, la simplicidad de las declaraciones policiales alimenta los temores y las tensiones de aquellos que, también sin pruebas, están viendo un crimen político donde aún nadie sabe qué hay.
Un homicidio alcanza la categoría de mayor gravedad criminal, y la policía, y la fiscalía, están obligadas a investigar a fondo cada uno de estos delitos. La negligencia no se resuelve con recetas de relaciones públicas, sino con un arduo trabajo de investigación.
Exigimos a las autoridades investigar a fondo este y todos los homicidios cometidos en el país, y esperamos que a este llamado se unan también gremiales de medios de comunicación que, sorprendentemente, han guardado silencio ante este vil asesinato.
Tomado del Editorial de El Faro del 24 al 30 de Septiembre 2007
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