El Ministerio de Salud ordenó ayer en la tarde el cierre de la empresa Baterías de El Salvador por considerarla causante de los altos niveles de plomo presentes en el cantón Sitio del Niño, de San Juan Opico, donde está ubicada la fábrica.
La inesperada medida —el ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, la desconocía apenas unas horas antes— supone un giro en la postura del Ejecutivo frente a la presencia de plomo en la zona, que se conoce desde 2004, pero que se destapó periodísticamente a inicios de este año.
Según Salud, los análisis de unos 50 niños han arrojado niveles de plomo en sangre perjudiciales para el desarrollo humano.
En Nueva York, el presidente de la República, Antonio Saca, avaló la decisión: “El Ministerio de Salud procedió a hacer lo que la ley le manda; si no se han cumplido algunos requisitos, se ha procedido como corresponde”.
El procedimiento, que se prolongó durante toda la tarde y que fue aplaudido por decenas de pobladores, fue ejecutado por personal de la unidad de salud local, que se hizo acompañar por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Óscar Luna, y por la PNC.
La argumentación
Tras presenciar dentro de la empresa cómo se apagaban los hornos de la Récord, Luna declaró que el cierre es indefinido. Minutos después, el viceministro de Salud, Ernesto Navarro, detalló que es un “cierre definitivo”, basado en el literal C del artículo 109 del Código de Salud. Este deja en manos del ministerio “autorizar la instalación y el funcionamiento de las fábricas y demás establecimientos industriales, en tal forma que no constituya un peligro para la salud de trabajadores y de población general”.
La clausura fue cuestionada con dureza por la empresa afectada, que calificó el cierre como “arbitrario y sorpresivo”, dijo que “carece totalmente de bases legales” y aseveró que se hizo por “autoridades no competentes”.
Baterías de El Salvador también externó que la medida pone en riesgo más de 2,500 empleos y que afecta a una empresa que vende insumos al extranjero por $27 millones. Estas cifras las acompañó con una reflexión: “El cierre significa un nefasto precedente para los sectores industriales privados del país”.
La postura adoptada por Salud contrasta con los discursos que ayer en la mañana pronunciaron en la comisión de medio ambiente el director general del Seguro Social, Nelson Nolasco, y el ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero.
Ambos funcionarios desconocían lo aprobado por Salud a pesar de que las tres instituciones integran la comisión interinstitucional que el Gobierno designó.
El evidente cambio de actitud en Salud —Guillermo Maza incluso había afirmado que eran los residentes, y no la fábrica, los que debían irse— llega el mismo día en el que los voceros de la empresa descalificaron a Maza en una entrevista publicada por LA PRENSA GRÁFICA.
Lo acusaron de dar cifras cambiantes sobre el número de personas afectadas, lo que “ha creado una psicosis generalizada en la zona”. En contraposición, citaron al ministro Guerrero como quien, a juicio de la empresa, “ha actuado acorde a la ley”.
Hasta ayer, de todas las instituciones estatales involucradas, la idea del cierre solo la PDDH la había planteado sin matices.
tomada de www.laprensagrafica.com (25-09-2007)
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